Las unidades del complejo habitacional Sagol ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias trabajadores en diciembre de 2023.

En un acto cerrado y sin aviso previo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó la entrega de 160 viviendas del plan Procrear a efectivos de las fuerzas federales en Avellaneda, pese a que esas unidades ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias trabajadoras en diciembre de 2023.

El episodio, que tuvo lugar este martes en el complejo habitacional Sagol, generó un fuerte rechazo social y político, y abrió la puerta a acciones judiciales por parte del municipio y organizaciones de derechos humanos.

El operativo, rodeado de un fuerte despliegue policial y sin convocatoria pública, impidió el ingreso de las familias adjudicatarias, muchas de las cuales se enteraron del acto al ver el cerco montado en las inmediaciones de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Horas antes, las paredes del edificio aparecieron con pintadas que reflejaban el malestar vecinal: “Bullrich usurpadora” y “Roban casas como en la dictadura”, fueron algunos de los mensajes que circularon por redes sociales.

La entrega se enmarca en una reciente resolución del Gobierno nacional (Resolución 764/2025), que disolvió el fideicomiso del Procrear II y permitió disponer de las viviendas como “bienes sin uso”. Según argumentaron Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, las unidades estaban “deshabitadas o destinadas al alquiler turístico” y fueron reasignadas para “mejorar el acceso habitacional de las fuerzas”, como una forma de “retribuir el servicio prestado al país”.

No obstante, desde la Municipalidad de Avellaneda advirtieron que la decisión fue unilateral, sin diálogo ni consulta con las autoridades locales ni con las familias afectadas. “Se vulneró el derecho constitucional a la vivienda y se desmanteló un programa que garantizaba el acceso justo y transparente a un techo digno”, denunció Daniel García, Defensor del Pueblo local. “Las casas son de los vecinos y vecinas que las ganaron por sorteo. Esto es un atropello”, añadió.

Las 160 unidades en cuestión forman parte de un desarrollo iniciado en 2021 como parte del Procrear II, uno de los programas habitacionales más relevantes de la última década. Solo entre 2021 y 2023, se entregaron más de 65 mil créditos para construcción y se levantaron más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, generando empleo y acceso a la vivienda para sectores trabajadores.

Los datos del programa revelan que el 85 por ciento de los adjudicatarios tenía menos de 45 años, el 52 por ciento tenía hijos a cargo, el 57 por ciento de los hogares estaba encabezado por mujeres y el 85 por ciento contaba con empleo formal. Para muchas de esas familias, la noticia de que las llaves ya no llegarán representa un golpe devastador.

El episodio se suma al proceso de desmantelamiento sistemático de las políticas de vivienda que viene implementando el Gobierno nacional. Desde fines de 2023, se han emitido múltiples decretos para eliminar programas como el Procrear original (Decreto 1018/2024), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (Decreto 6/2025) y el Fondo de Integración Socio Urbana (Decreto 312/2025).

Ante este panorama, desde el municipio se evalúa la presentación de acciones legales para frenar la entrega y restituir los derechos de los adjudicatarios. Diversas organizaciones sociales y políticas ya convocan a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.